Comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana (27/10/2014)
El investigador colombiano Alejandro Pulido aborda:
- El papel que el modelo extractivista de desarrollo está teniendo en la vida de las personas y su desplazamiento como una de las realidades más graves que caracteriza, junto a las guerras, hambrunas y otras crisis permanentes, el siglo XXI.
- Los impactos concretos de un gran proyecto de desarrollo en términos de desplazamiento forzado a través del estudio de caso de la hidroeléctrica de El Quimbo (Huila, río Magdalena, Colombia).
Raquel Celis traslada las inquietudes de CEAR-Euskadi en torno a:
- La estrechez de miras con la que se interpreta qué es una personas refugiada
- La migratización del asilo: la ocultación de muchos movimientos forzados de población en lo que hemos dado en llamar ‘migración económica’.
- Avanzar hacia una definición más inclusiva e integral de los elementos que definen el desplazamiento forzado, teniendo en cuenta una perspectiva que históricamente se ha discriminado, la de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y desmontando así el asilo de su concepción de ‘político’.
SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:
Se realiza un llamamiento a la responsabilidad de las instituciones y agentes políticos para transitar de la criminalización de las personas migradas y refugiadas a la protección de la vida y el respecto a al dignidad de las personas. Y en este sentido, se solicita:
En cuanto a la responsabilidad del Gobierno español en las violaciones de los DESC que generan desplazamiento forzado:
- Condicionar la política de inversión al respeto a los derechos humanos.
- Incidir en la creación de licitaciones[1] en dos ámbitos concretos:
- Control de las empresas por parte de los Estados receptores.
- Condicionar la política de cooperación y los convenios en materia migratoria al respeto a los derechos humanos (con especial atención a los mecanismos de cooperación para el desarrollo).
En cuanto a la legislación española y su cumplimiento:
Cumplir con las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo y en los tratados internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos que ha ratificado, pues estos forman parte de su derecho interno.
[1] Las licitaciones públicas son un procedimiento administrativo por el cual los órganos públicos, en concurrencia, eligen a la persona física o jurídica inscrita en un registro que ofrece la mejor propuesta y las condiciones más convenientes para el estado, con la finalidad de celebrar un contrato administrativo.